El Covid-19 ha traído significativos cambios en nuestras vidas. En materias de salud sexual y salud reproductiva, la falta de acceso a la información por aborto en tres causales, anticonceptivos defectuosos y negligencias de otra índole, le ponen sentido de urgencia a este tipo de atenciones.
Llevamos más de un año de pandemia y el escenario sigue siendo muy incierto. En el área de la salud sexual y la salud reproductiva nos llenamos de cambios, dejando a un lado muchas atenciones que resultaron en más de una complicación. Al día de hoy, aún existen miles de mujeres sin poder acceder a sus métodos anticonceptivos de rutina, ya sea por falta de atención, información, recetas, falta de stock o por un aumento en el precio de estos, lo que ha resultado, en más de una ocasión, en un embarazo no deseado durante este tiempo de confinamiento.
A esto, le sumamos la falta de información en materias relacionadas a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (Ley IVE) y a la barrera de la objeción de conciencia.
Es un hecho que la atención en salud sexual y salud reproductiva se ha deteriorado por la crisis sanitaria, dando atención, principalmente, a mujeres en etapa de gestación y recién nacidos, dejando muchas prestaciones de gran importancia como el Papanicolaou, las mamografías y el manejo de infecciones de transmisión sexual en segundo plano o inclusive, fuera del sistema, sobre todo en adolescentes y jóvenes.
Todo esto, a pesar de que la salud ha sido definida como un servicio esencial, conllevó a una grave vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos y, por tanto, de los derechos humanos, en un escenario donde la violencia basada en género, la violencia sexual y los embarazos no deseados, van en aumento.
Por estas razones y otras tantas, es prioritario que existan alternativas de información gratuita, confidencial y segura, así como atenciones de urgencia que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes.
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